La compañía estadounidense Amazon ha comunicado que aplicará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1.200 empleados de sus oficinas en España, apenas días después de haber presentado un aumento del 38% en sus beneficios globales.
El anuncio ha generado sorpresa, pero la ley sí permite a las empresas con beneficios acometer despidos colectivos. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que basta con acreditar una disminución persistente de ingresos o ventas, aunque la empresa no esté en pérdidas. También pueden alegarse causas técnicas, organizativas o productivas, como cambios en los sistemas de trabajo o en la demanda de los servicios.
El procedimiento exige comunicación a la autoridad laboral y la apertura de un periodo de consultas de hasta 30 días con los representantes de los trabajadores. Durante este proceso se deben negociar medidas que reduzcan el impacto, como recolocaciones o indemnizaciones, aunque la empresa no está obligada a aplicar un ERTE antes que un ERE.
Desde la reforma laboral de 2012, ya no se necesita la autorización previa de la Administración para ejecutar un ERE, aunque la autoridad laboral y los sindicatos pueden impugnarlo judicialmente si aprecian fraude o abuso de derecho.
El caso de Amazon reabre el debate sobre los límites éticos y legales de los despidos en empresas con grandes beneficios, una cuestión que se repite cada vez que una multinacional justifica un ajuste por previsiones económicas adversas o por reestructuraciones internas.
