El Valle de Tobalina aprueba una subida del IBI Urbano en un 62,5% para compensar la pérdida de ingresos de Garoña

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que supone una subida del tipo impositivo del 0,40% al 0,65%, lo que supondrá un incremento del 62,5% en el recibo para unas 3.600 viviendas del municipio. El grupo Municipal Vivir en Tobalina alegó que va haber viviendas que debido al alto valor catastral de la revisión del 2015 pagarán más que si estuvieran en capitales de provincia.

Según explicó el equipo de gobierno, esta decisión responde a la pérdida de ingresos debido al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, que aportaba alrededor de un millón de euros anuales al consistorio en concepto de IBI e de IAE. Además, la Ley de Cambio Climático aprobada por el gobierno exime a la empresa pública ENRESA de pagar licencias por las obras de desmantelamiento, por lo que se dejaron de ingresar de 17-23 millones de eraros

Durante la sesión plenaria, el equipo de gobierno reconoció que era una media impopular pero necesaria para mantener los servicios municipales como el gimnasio, la guardería, la biblioteca o el telecentro, y que ahora han pasado a pagar lo mismo que las localidades vecinas.

Desde la oposición, se cuestionó la gestión económica de los últimos años y se criticó que no se hayan aplicado ajustes para reducir los gastos antes de recurrir a una subida impositiva. Los concejales recordaron inversiones recientes como la obra en el hostal municipal, el embarcadero o el pabellón multicenter, que suman más de siete millones de euros, y advirtieron de que el problema no está en los ingresos sino en el gasto corriente como el exceso de personal o el derroche en invitaciones y comidas.

Asimismo, el alcalde, Jesús Ángel López de Mendoza ha convocado una asamblea informativa para todos los vecinos del Valle, que se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre a las 19:00, con el objetivo de presentar públicamente los datos y documentación que avalan la subida del IBI, así como contestar a todas las preguntas de los vecinos.