La Junta reconoce el compromiso ambiental de 83 empresas de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha reconocido el esfuerzo medioambiental de 83 empresas de la Comunidad en un acto celebrado durante la jornada ‘Sostenibilidad en Empresas’, en la que se ha puesto en valor la relación positiva entre economía y medio ambiente.

Durante el evento, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio entregó placas a 58 empresas por distintos logros ambientales. Entre ellas, 53 han obtenido la Autorización Ambiental en el último año, un requisito imprescindible para el funcionamiento de industrias o explotaciones ganaderas relevantes, ya que garantiza que cuentan con sistemas para minimizar la contaminación y prevenir riesgos.

Además, tres empresas han sido reconocidas por su adhesión al sistema europeo EMAS, una herramienta que certifica la mejora continua en la gestión ambiental, la reducción de impactos y la eficiencia en el uso de recursos. También dos compañías han recibido distinción por contar con la Etiqueta Ecológica Europea, que avala servicios con baja incidencia ambiental durante todo su ciclo de vida.

En total, Castilla y León cuenta actualmente con 1.059 instalaciones con Autorización Ambiental, 20 empresas adheridas al sistema EMAS y seis con Etiqueta Ecológica Europea, situándose como la tercera comunidad con más instalaciones autorizadas, solo por detrás de Cataluña y Aragón.

Las nuevas autorizaciones concedidas en el último año abarcan sectores diversos como explotaciones ganaderas, industrias de biogás, biometano e hidrógeno verde, agroalimentarias, químicas, farmacéuticas y gestión de residuos, reflejando el avance hacia modelos productivos más sostenibles.

Desde la Junta destacan que este tipo de reconocimientos sirven como ejemplo de responsabilidad empresarial y fomentan nuevas oportunidades de negocio, especialmente en mercados donde los procesos ecológicos son cada vez más valorados.

Desde 2016, la Administración autonómica ha otorgado 540 reconocimientos públicos, de los cuales la gran mayoría corresponden a autorizaciones ambientales, consolidando su apuesta por un desarrollo económico compatible con la protección del entorno.