La Junta y las diputaciones provinciales renuevan su colaboración para gestionar el Fondo de Cohesión Territorial
El acuerdo permitirá movilizar al menos 33 millones de euros en 2025 para inversiones en municipios rurales de Castilla y León
La Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales han renovado su compromiso conjunto para gestionar de forma coordinada el Fondo de Cohesión Territorial, una herramienta clave para impulsar inversiones en el medio rural. El acuerdo fue firmado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto a los representantes de las diputaciones, y contempla una dotación inicial de 20 millones de euros por parte del gobierno autonómico.
Este fondo está dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de la comunidad, y busca fomentar actuaciones en obras e infraestructuras municipales, elegidas directamente por cada ayuntamiento beneficiario. Se trata de una iniciativa diseñada no solo para mejorar los servicios públicos locales, sino también para estimular la economía, generar empleo y contribuir a fijar población en los núcleos rurales más pequeños.
El funcionamiento del Fondo de Cohesión Territorial se basa en la cofinanciación por parte de todas las administraciones implicadas. Así, los ayuntamientos deben aportar al menos un 25 % de fondos propios, mientras que la Junta financia el resto. En el caso de los municipios con menos de 1.000 habitantes, se introduce una tercera vía de colaboración: la diputación provincial correspondiente asume el 25 %, la Junta otro 50 %, y el ayuntamiento cubre el 25 % restante.
Gracias a esta estructura colaborativa, se espera movilizar como mínimo 33 millones de euros en 2025, aunque la cifra real podría ser bastante superior. En ejercicios anteriores, la suma de aportaciones públicas superó los 40 millones de euros anuales, demostrando el fuerte compromiso de las entidades locales con el desarrollo de sus territorios.
Este acuerdo se enmarca en la estrategia de la Junta de seguir apostando por la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, garantizando que los pequeños municipios puedan acometer mejoras en infraestructuras básicas como redes de abastecimiento, alumbrado, pavimentación, centros culturales o instalaciones deportivas, entre otras.
