La Plataforma Social de Castilla y León denuncia que la Junta sigue sin establecer el personal mínimo en las residencias de personas mayores

La plataforma explica en un comunicado que en abril de 2024 se aprobó la Ley de Residencias, con el compromiso de que en enero de 2025 se establecería la ratio de personal con la que deben contar los centros residenciales y centros de día. Dicen que, después de las decenas de alegaciones presentadas por los colegios profesionales y la propia plataforma, terminó 2025 sin que la Junta haya aprobado el Decreto que debe fijar dicho número de profesionales.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con más plazas residenciales de personas mayores, pero el 80 % son privadas, por lo que establecer desde la Administración el personal mínimo que deben tener los centros residenciales es fundamental para garantizar la adecuada atención a las personas en situación de dependencia.

Desde la Plataforma Social vienen denunciando la política de bajo coste que está desarrollando la Junta de Castilla y León, basada en conceder pequeñas ayudas para acudir a residencias privadas, las cuales no cubren ni el 10 % del coste. En Castilla y León sólo hay una plaza pública por cada 28 personas mayores de 80 años, según explica la plataforma.

Otro incumplimiento con el que ha finalizado 2025 es el nulo incremento de las plazas de convalecencia sociosanitaria. En Castilla y León hay sólo 114 plazas destinadas a aquellas personas que son dadas de alta en 48 horas tras una intervención quirúrgica y que necesitan un periodo de recuperación sin valerse por sí mismas.

Desde la Plataforma Social manifiestan sus reiterados incumplimientos de los compromisos firmados por la Junta de Castilla y León, como el de aumentar un 60 % el número de plazas de convalecencia sociosanitaria, firmado en el Acuerdo del Diálogo Social de 2018, o el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, firmado por todos los grupos parlamentarios después de la pandemia.

Desde la Plataforma Social de Castilla y León demandan que se cumpla urgentemente la Ley de Residencias de Castilla y León y se creen plazas de convalecencia sociosanitaria, para dar cumplimiento a los acuerdos firmados.