Castilla y León no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia sobre los menores de Ceuta
La Junta considera que la red autonómica de acogida está al límite y rechaza asumir nuevos menores migrantes procedentes de la ciudad autónoma

La Junta de Castilla y León no participará este jueves, 27 de agosto, en la Conferencia Sectorial de Infancia convocada para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. La ausencia se produce después de que las comunidades gobernadas por Vox hayan decidido no acudir a la reunión.
El vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, volvió a defender esta postura durante su visita al centro de menores Zambrana, en Valladolid, donde también abordó la situación generada tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que antes de plantear un posible reparto de menores entre las comunidades deben cumplirse los procedimientos establecidos en la Ley de Extranjería, incluido lo previsto en su artículo 35. En este sentido, la Junta reclama que se determine de manera individual la situación de cada menor y que se proceda a su retorno cuando corresponda, ya sea con sus familias o con las instituciones tutelares responsables en sus países de origen.
Uno de los principales argumentos de Castilla y León para rechazar el posible traslado de menores es la situación de su propia red de acogida. Según Pollán, los recursos disponibles en la Comunidad se encuentran ya al límite e incluso por encima de su capacidad, por lo que descarta que pueda asumir la llegada de nuevos menores procedentes de Ceuta.
La estimación planteada por el Gobierno central contempla el traslado de más de 800 menores a Castilla y León, una posibilidad que la Junta considera inviable debido a la falta de capacidad en sus centros y recursos de protección.
Por otro lado, el vicepresidente autonómico cuestionó también la gestión de la situación sanitaria de los migrantes que permanecen en Ceuta. A su juicio, al tratarse de una competencia directa del Gobierno de España, debería ser el Ejecutivo central quien garantizase la atención sanitaria y resolviera la situación generada en la ciudad autónoma.
La Junta mantiene así su rechazo al mecanismo de reparto de menores mientras considera que no se hayan completado previamente los trámites previstos por la legislación de extranjería.










