Condenado el exsecretario de Villalba de Losa a 18 meses de prisión por falsedad documental

La Audiencia Provincial ha dictado sentencia de conformidad condenando al exsecretario de Villalba de Losa como autor de un delito de falsedad documental. La resolución fija una pena de 18 meses de prisión, un año de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros.

El alcalde de Villalba de Losa, José Losa, asegura que la situación ha tenido un fuerte impacto en el funcionamiento municipal, que durante años estuvo prácticamente paralizado, con pérdida de subvenciones y proyectos. Según explica, durante ese tiempo el Ayuntamiento no pudo desarrollar su actividad con normalidad, aunque ahora, con un nuevo secretario, la institución ha recuperado el ritmo de trabajo.

El condenado, ya jubilado, desempeñó el cargo entre 1983 y 2025 en la agrupación de municipios de Villalba de Losa, San Zadornil y Berberana y finalmente no ingresará en prisión, ya que la pena queda suspendida al no superar los dos años, carecer de antecedentes penales y comprometerse a no reincidir durante un periodo de dos años.

El fallo es fruto de un acuerdo alcanzado en la comparecencia preliminar entre la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por el alcalde de Villalba de Losa, José Losa Orive, y la defensa, lo que evita la celebración de juicio.

Según recoge la sentencia, el exsecretario utilizó, siendo consciente de su falsedad, las claves del certificado digital del alcalde, facilitadas en un contexto de confianza, para validar respuestas a los requerimientos del Tribunal de Cuentas dirigidos al ayuntamiento, todo ello sin conocimiento ni autorización del regidor.

El propio José Losa denuncia que el exsecretario utilizó su firma digital para tratar de eludir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas. Además, señala que se elaboraron actas falsas, incluyendo la simulación de reuniones que en realidad nunca se celebraron dentro de la agrupación de municipios.

La investigación del Tribunal de Cuentas se centraba en el cobro indebido de retribuciones por parte del funcionario, cuya nómina triplicaba la cantidad que le correspondía. Durante ese proceso, el secretario respondía a los requerimientos sin informar al alcalde, que no tuvo constancia de la situación hasta junio de 2023, cuando recibió una notificación en su domicilio.

La acusación reconoció que los alcaldes de Villalba de Losa, San Zadornil y Berberana facilitaron sus credenciales digitales para agilizar la gestión administrativa, mientras que la defensa admitió que se utilizaron en determinados documentos sin el conocimiento del alcalde losino.

En una resolución anterior, el Tribunal de Cuentas condenó al exsecretario a reintegrar más de 150.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, los únicos no prescritos cuando se interpuso la denuncia en 2022 por parte de la junta vecinal de Valpuesta. El organismo consideró responsable al funcionario que ejercía de secretario interventor por ser quien elaboraba sus propias nóminas. Esta decisión ha sido recurrida por el condenado y está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Cuentas.

Además, este tribunal tramita un segundo procedimiento, impulsado por el Ayuntamiento de Villalba de Losa, para reclamar las cantidades percibidas indebidamente entre los años 2022 y 2023, hasta que se regularizó su situación salarial tras iniciarse la investigación.

El alcalde subraya que el proceso ha sido especialmente duro tanto a nivel personal como institucional, con importantes consecuencias económicas para los responsables municipales, algunos de los cuales tuvieron que hacer frente a importantes cantidades. Añade que el caso no está cerrado, ya que continúan los procedimientos en el Tribunal de Cuentas para recuperar nuevas cantidades.

El fiscal pedía a los alcaldes de los tres municipios que, de manera solidaria, devolvieran las cantidades proporcionales a lo que se le pagó de más. Al de San Zadornil, Lucio Bodega, se le reclamaba la mayor, unos 70.000 euros más intereses; seguido de José Losa, de Villalba de Losa, con 42.000; los alcaldes de Berberana, Luis María Usín, con 35.500; y Susana Gutiérrez Barquín, con 7.000 euros.

El Tribunal de Cuentas les eximió de toda culpa, porque, según explica el tribunal, pretender que los alcaldes desconfíen de la actuación del secretario interventor excede de la diligencia que les es exigible. Actuaron con la confianza depositada en la profesionalidad del secretario-interventor y en que él mismo cumpliría escrupulosa y lealmente sus deberes, confianza que es indispensable para el normal funcionamiento municipal.