División en el equipo de gobierno espinosiego del PSOE por el despido de un trabajador municipal

El despido por decreto firmado por el alcalde el pasado 23 de marzo de un trabajador municipal fijo desde hace 23 años llevó al grupo municipal popular a presentar una moción para anular la decisión tomada por el alcalde Jean Paul Sánchez.

El trabajador después de permanecer 18 meses en situación de incapacidad temporal fue dado de alta con limitaciones para su trabajo, pero no se incorporó a su puesto ya que una resolución de alcaldía le extinguió el contrato con un despido objetivo y el pago de una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, que hace un importe de casi 31.000 €.

El Partido Popular está seguro de que un juez va a considerar el despido improcedente o nulo y que se le va a tener que pagar 60.000 € más los salarios de tramitación hasta la fecha del juicio. El portavoz del PP, Raúl Martínez, defendió en el pleno la revocación inmediata del decreto de alcaldía por el que se acuerda la extinción del contrato del trabajador, al no haberse acreditado suficientemente la causa ni haberse cumplido las obligaciones legales de adaptación previa del puesto de trabajo.

También instó a la reincorporación inmediata del trabajador con reconocimiento íntegro de sus derechos laborales y económicos, así como a la adopción de medidas de adaptación del puesto de trabajo conforme a las limitaciones médicas establecidas o a la adscripción provisional a alguno de los puestos disponibles en la categoría oficial, atendiendo a las necesidades del servicio. Además, solicitó un informe jurídico-económico detallado sobre las posibles consecuencias del despido acordado, especialmente en caso de declaración judicial de nulidad.

El alcalde tomó la palabra para leer un documento y justificar el no dar ninguna explicación al pleno municipal de la decisión tomada. Jean Paul Sánchez explicó que se trata de un asunto que afecta directamente a la esfera personal y a los derechos individuales de un trabajador municipal, y que por respeto a su intimidad y a la protección de datos no iba a realizar ninguna valoración ni dar detalles en un pleno público.

Añadió que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el pertinente asesoramiento jurídico especializado, y que la moción no deja de ser un ruego dirigido a la alcaldía como único órgano competente y que no tiene carácter vinculante.

Tras su negativa a dar explicaciones y a argumentar el despido, la concejala del Partido Popular Amaya Montoya le preguntó si tenía algún informe jurídico que avalase su decisión y la respuesta del alcalde fue un no. La concejala le reprochó la falta de explicaciones, recordando que el alcalde es el responsable de personal y quien ha firmado el decreto, y criticó que “esto no es un chiringuito en el que se pueda hacer lo que se quiera a decreto de alcaldía” que tiene que dar explicaciones en el pleno al resto de concejales y a los vecinos.

Los populares, antes de la votación, solicitaron que en el acta de la sesión se hiciera constar el voto individual y no por grupos por si hubiera que hacer frente a futuras responsabilidades. Los tres concejales del Partido Popular votaron a favor de anular la decisión del despido del trabajador, al igual que el concejal del PSOE Roberto Ortiz que argumentó que estaba en contra total de las formas en las que se ha realizado el despido y que él no ha llegado al ayuntamiento para despedir a trabajadores sin un informe jurídico.

Su compañera, la concejala Olga Ruiz-Rozas, se abstuvo ya que siendo conocedora de la situación no ha participado de la decisión y no entra a juzgar si está bien o mal tomada la decisión.

El resto de compañeros del PSOE, Luis Román, Amaia Núñez y el alcalde Jean Paul Sánchez, votaron en contra de la anulación del decreto de alcaldía. El concejal de Juntos por Espinosa Alejandro Gutiérrez-Barquín no asistió al pleno, así que la votación resultó 4 sí, 3 no y una abstención.

Al ganar la votación, los populares pidieron al alcalde la revocación inmediata del decreto de alcaldía y readmisión del trabajador, al ser el Pleno el máximo órgano del Ayuntamiento en el que están representados todos los concejales, y señalaron que lo democrático es cumplir con lo que se vota y aprueba para evitar las posibles consecuencias económicas. En 15 días tendrá lugar en el juzgado el acto de conciliación con el trabajador si nada cambia.