El Gobierno ha abierto la vía para que los damnificados por las borrascas registradas en los últimos tres meses puedan solicitar ayudas para la recuperación, tras declarar como zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios impactados por un total de 76 episodios catastróficos.
La medida fue aprobada este martes, 10 de febrero de 2026, por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, y afecta a numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y a la ciudad de Ceuta. La mayoría de los daños se produjeron como consecuencia de las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
Durante este periodo se registraron fenómenos meteorológicos adversos de diversa intensidad, como lluvias persistentes, inundaciones, fuertes rachas de viento, nevadas, descensos térmicos y temporales costeros, que provocaron afecciones relevantes en personas, viviendas, infraestructuras, servicios públicos y actividades económicas, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas.
El acuerdo incluye 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), que en la mayoría de los casos obligaron a las comunidades autónomas a activar sus planes de protección civil. De manera excepcional, también se han incorporado determinados sucesos ocurridos en Galicia y Ceuta, pese a que no superaron la fase de preemergencia, debido a la reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo y a la magnitud de los daños constatados.
Entre los temporales más destacados figuran las borrascas ‘Emilia’, ‘Francis’, ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’, ‘Kristin’, ‘Leonardo’ y ‘Marta’, que afectaron a amplias zonas del territorio nacional, con especial incidencia en comunidades como Castilla y León, Galicia, Cataluña, Andalucía, Illes Balears, Extremadura, Comunidad de Madrid y Ceuta. Además, el acuerdo recoge otros incidentes de protección civil, como incendios forestales, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas y sucesos en infraestructuras de transporte.
La declaración de zona afectada permite activar las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior. Estas ayudas están destinadas a cubrir daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, afectaciones a corporaciones locales y perjuicios en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como a compensar a quienes hayan prestado servicios personales o materiales durante la emergencia.
Además, se estudiará la posible exención de tasas en determinados trámites de la Jefatura Central de Tráfico, como duplicados de permisos o bajas de vehículos siniestrados, así como en la expedición del DNI.
La declaración también abre la puerta a que otros ministerios puedan habilitar medidas complementarias, como beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a entidades locales para la reparación de infraestructuras municipales y actuaciones urgentes en infraestructuras públicas y dominio público.
El acuerdo contempla que, una vez evaluados los daños en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, puedan adoptarse nuevas medidas adicionales, siempre condicionadas a la acreditación de los daños en los procedimientos correspondientes.
