El Plan Integrado de Empleo Local permitirá contratar a unas 2.400 personas desempleadas en Castilla y León
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 26 de marzo y cuenta con 28 millones de euros ampliables para que ayuntamientos y diputaciones impulsen obras y servicios de interés general
La Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria del Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL) 2026, una línea de ayudas destinada a financiar la contratación de personas desempleadas en ayuntamientos y diputaciones para desarrollar obras y servicios de interés general y social.
El programa cuenta con un presupuesto inicial de 28 millones de euros, lo que permitirá formalizar alrededor de 2.400 contratos en toda la comunidad. Además, la partida podrá ampliarse hasta el 100 % en función de la disponibilidad presupuestaria y del número de solicitudes presentadas.
Las ayudas cubrirán 11.667 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa durante un periodo de 180 días. El número de contratos subvencionables dependerá del tamaño del municipio.
Así, los municipios de menos de 1.000 habitantes podrán financiar dos contratos a jornada completa (o cuatro a media jornada); los de entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuatro contratos a jornada completa; mientras que los municipios de más de 5.000 habitantes y las diputaciones provinciales podrán optar a diez contratos.
Los contratos deberán tener una duración mínima de 120 días y podrán formalizarse dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Las personas contratadas deberán ser desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL). La convocatoria prioriza especialmente a mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad.
Las entidades locales interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 26 de marzo, con un plazo de un mes desde la apertura de la convocatoria, y deberán hacerlo de forma telemática.
La selección de proyectos se realizará mediante concurrencia competitiva, teniendo en cuenta factores como el número de desempleados de la zona, el tipo de entidad solicitante y el grado de integración laboral de personas con discapacidad.
