El Valle de Tobalina continúa con recortes a asociaciones y pedanía para poder ajustar el presupuesto anual y llegar a final del año con superávit

De honor, valentía y dignidad presumía el alcalde Jesús Ángel López de Mendoza ayer en el pleno de los presupuestos frente al portavoz de Vivir en Tobalina José Luis Conde.

Con solo los votos del equipo de gobierno, PP y PSOE, se aprobaron unos presupuestos por importe de 5,8 millones de euros a los que hay que sumar otro millón de la residencia de ancianos.

Las inversiones alcanzarán este año los 2 millones de euros e irán destinadas al nuevo aparcamiento del embarcadero y la rampa de acceso al barco electrosolar del Sobrón, la pavimentación de la calle de acceso a las piscinas de Quintana, la captación de agua en Herrán, la potabilizadora en Garoña y la renovación de la red de agua de Barcina del Barco.

Inversiones que Vivir en Tobalina califican de catálogo de intenciones sin respaldo real con proyectos no definidos, sin planificación y sin calendario.

Los 1,2 millones del préstamo para finalizar las obras de la residencia de ancianos o los 40.000€ para las mejoras en las viviendas del cuartel de la Guardia Civil recibieron también la crítica de Vivir en Tobalina, que consideran desproporcionado el gasto en la residencia e impropio destinar recursos a la Guardia Civil que es dependiente de otra administración como es el Ministerio del Interior.

Al igual que destinar 122.000 euros en la nave del polígono, que inicialmente quiso enajenar el ayuntamiento y al quedase sin comprador ahora la van a convertir en una infraestructura para el desarrollo turístico.

Por tanto, su voto fue en contra, y además recordaron que en estos tres años se ha pasado de tener un remanente de 1,8 millones de euros a una deuda de 1,5 millones.

El portavoz de Vivir en Tobalina, José Luis Conde, explicó que su rechazo es global y responde a múltiples motivos, asegurando que los presupuestos “se tramitan fuera de plazo, año tras año, sin explicaciones”, que “falta documentación clave y los informes están incompletos” y que el anexo de inversiones es “puro teatro”.

Además, criticó la falta de defensa política del proyecto por parte del alcalde y cuestionó los ingresos previstos, señalando que dependen de “promesas que no están garantizadas, como convenios con Enresa que nunca llegan o subvenciones que ni siquiera se han pedido”. También denunció que “se suben las tasas a los vecinos (agua, basura o deportes) mientras se recortan ayudas a pedanías, familias y asociaciones”.

En definitiva, Vivir en Tobalina considera que estos presupuestos consolidan una política de recortes en vecinos, asociaciones y pedanías, mientras el equipo de gobierno sigue sin rumbo y sin un proyecto claro de municipio.

El alcalde socialista, Jesús Ángel López de Mendoza, fue muy crítico con Conde, acusándole de falsificar la información y mentir a los vecinos, y justificando el no haber subido el IBI no por presión social sino por no haber podido hacerlo en el plazo que marca la ley al haberse suspendido el pleno del mes de diciembre por fuerza mayor. Subida que realizarán de cara al 2027.

Por el contrario puso en valor poder mantener la plantilla municipal, crear empleo, y seguir ayudando a las pedanías, frente a la bajada del 50 por ciento de las ayudas a asociaciones o la no colaboración este año con el Festivalle.

El alcalde, Jesús Ángel López de Mendoza, respondió a las críticas defendiendo la dificultad de la gestión económica y reprochando a la oposición su postura y que el equipo de gobierno está obligado a “hacer encaje de bolillos”.

En ese sentido, planteó directamente a Conde si sería capaz de mantener los servicios y el empleo bajando impuestos, insistiendo en que “con dinero se gestiona todo muy bien, pero sin dinero es muy difícil”, y acusándole de “predicar humo de cara a la galería”.

El alcalde también justificó no haber subido el IBI este año, no por presión social, sino por no haber podido hacerlo en plazo tras la suspensión del pleno de diciembre, aunque confirmó que la subida se aplicará en 2027.

Por su parte, la exalcaldesa del PP y ahora socia de gobierno, Raquel González, recordó que ya no están en esa situación privilegiada por la reducción en los ingresos anuales por el cese de la actividad de la central nuclear y que ahora se están adaptando a la situación real y aún así han seguido trabajando en proyectos viables.

Raquel González defendió la continuidad de los proyectos pese a la reducción de ingresos y destacó la importancia de mantener servicios básicos, señalando que “el cuartel de la Guardia Civil, la guardería, el colegio y la residencia son pilares fundamentales del valle”, junto a servicios como el telecentro o la biblioteca.

También reconoció la situación económica y apuntó que “el único margen que queda es la subida de impuestos y la eliminación de algunas subvenciones”, aunque puso en valor el esfuerzo municipal en actuaciones como la reparación del mirador o el impulso al turismo.

El nuevo convenio que firmarán en unas semanas con Enresa les ha permitido dedicar los 447.000 euros anuales con los que compensa las licencias de obra de Garoña al pago de nóminas y gastos corrientes, que hasta ahora solo se podía destinar a proyectos generadores de empleo.