Espinosa aprueba inicialmente un PECH que hará perder edificabilidad en muchas de las parcelas que están sin construir

En febrero de 2021 fueron aprobadas las normas urbanísticas municipales de Espinosa de los Monteros a excepción de las del Conjunto Histórico, que sigue quedando regulado por las normas anteriores de 2003, y que representa casi el 90% de lo edificado en el municipio.

Después de dejarse encima de la mesa del pleno sin votar este documento, hace un mes a petición del Partido Popular, por la falta de asistencia de tres concejales y el poco tiempo que se les dio para estudiarlo a la oposición, ayer se sometía nuevamente a aprobación inicial y fue aprobado solo con los 5 votos del equipo de gobierno, la abstención del concejal de Juntos por Espinosa y el voto en contra de los tres concejales del PP.

El portavoz popular, Raúl Martínez, justificaba así el sentido del voto de su grupo, denunciando la falta de diálogo ni consenso entre los tres grupos políticos, sin aviso a alcaldes pedáneos, ni a personas interesadas en la aprobación. Defendía que, «aunque están a favor de aprobarlo, pero por eso creemos que un documento tan importante tiene que ser tramitado con consenso y ya que va a tener una validez de muchos años y va a afectar a muchos vecinos».

Este documento protege 250 viviendas y también fija una amplia delimitación de los entornos de las nueve casonas singulares, donde se reduce la futura edificabilidad o se elimina la posibilidad de ampliar las cabañas pasiegas, que hasta ahora permitían un 40% de ampliación. Después pasó a relatar unos ejemplos de porque ese documento, redactado en el año 2014 durante el alcalde socialista José Carlos Peña, está desactualizado, contiene errores y que no ha sido ni tan siquiera leído por el alcalde.

En su intervención, Raúl Martínez insistía que su aprobación supondría una reducción de la edificabilidad y superficie de construcción en el 90% del casco urbano. Añadía que hay fincas urbanas que pasarían a ser espacio libre donde ya no se podrá construir, y otras donde se permitían edificios de hasta 4 plantas y ahora solo se van a poder construir casas de planta baja y una planta alta. » Como en todo hay un término medio en el que debe primar la estética, pero en el que también se permita el crecimiento urbanístico del pueblo. Si queremos que aumente la población y venga gente a vivir a Espinosa habrá que permitir que se construya». También defendía la necesidad de un término medio entre «no construir nada y construir cinco plantas».

Respecto a las zonas inundables que se mantienen, puntualizaba que las obras de dragado del río y ampliación del cauce realizadas en las últimas legislaturas se han modificado el riesgo de inundación, y así se tendría una parcela para ceder a la Junta de Castilla y León y así agilizar la construcción del nuevo Centro de Salud. O haber previsto esta circunstancia y preparar las normas para que haya en el futuro una parcela que cumpla con los requisitos que la junta pide.

El equipo de gobierno justificaba su decisión de no contar con las opiniones de los concejales de la oposición y de los vecinos remitiéndolas a que formulen alegaciones de lo que no les gusta o no vean bien. Los populares seguían manteniendo que esto no es dar participación porque las van a contestar el equipo de gobierno y de acuerdo a su criterio. Criterio incluso es más restrictivo que el que patrimonio de la Junta de Castilla y León que prevalece ahora que se carece de este PECH en Espinosa.

En este punto, la concejala del Partido Popular, Amaya Montoya, señalaba que «Las alegaciones las contesta el equipo de gobierno, quienes han hecho este documento con un criterio, no creo que porque un vecino o yo te digamos una cosa en contra de lo escrito tú la vayas a cambiar, si acabáis de votar a favor. Nuestras alegaciones y las de los vecinos no van a valer para nada si vosotros sois los que le dais el visto bueno, porque va a primar vuestro criterio y como queréis que se construya en Espinosa».

Este documento ha estado paralizado en el ayuntamiento en las legislaturas de los dos anteriores alcaldes Javier Fernandez-Gil de Ciudadanos y Raúl Linares del PP, que tampoco lo tramitaron al no estar de acuerdo con su contenido. El equipo de gobierno en su defensa solo argumentó que habrá dos meses para hacer alegaciones a este documento.

Esta aprobación inicial produce la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas donde se modifique el régimen urbanístico vigente.