La Junta de Castilla y León dará prioridad a colectivos vulnerables para teletrabajar
La nueva normativa favorecerá a víctimas de violencia, personas con discapacidad y residentes en el medio rural
La Consejería de la Presidencia de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para elaborar un nuevo Decreto que regulará el teletrabajo del personal al servicio de la Administración autonómica. La normativa dará preferencia a víctimas de violencia machista o acoso sexual, a personas con discapacidad y a quienes residan en municipios rurales.
El proyecto ya se sometió a información pública, pero la Junta ha decidido repetir este trámite debido a modificaciones introducidas, especialmente en lo relativo a los puestos excluidos del teletrabajo, con el fin de permitir la presentación de nuevas alegaciones.
Quienes opten por esta modalidad deberán contar con un plan individual de teletrabajo, que incluirá los objetivos asignados, la organización del trabajo, la evaluación periódica, los lugares de desarrollo del teletrabajo (hasta un máximo de dos), las franjas horarias de disponibilidad, los días concretos de servicio y el compromiso de atender el desvío de llamadas del teléfono del puesto presencial al móvil corporativo.
La residencia en municipios pequeños será un criterio valorable: vivir en localidades de hasta 500 habitantes otorgará tres puntos, mientras que en municipios de 501 a 2.000 habitantes se concederán dos puntos. Esta puntuación se incrementará en un punto adicional si los municipios se encuentran a más de 50 kilómetros de una localidad con más de 20.000 habitantes.
