La Junta de Castilla y León rechaza la imposición del Ministerio sobre el Mapa Estatal de Transportes e insiste en su negociación en la Conferencia Sectorial

El Gobierno de España ha retirado del orden del día el Mapa Concesional del Transporte de autobús tras la firme oposición de 11 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que rechazan un sistema que perjudicaría gravemente a esta comunidad, eliminando 474 paradas en 346 municipios.

La Junta de Castilla y León ha vuelto a exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que el debate sobre el Mapa Estatal de transporte de viajeros por carretera se lleve a cabo en la Conferencia Sectorial de Transportes, el órgano con mayor representatividad territorial. En la reciente reunión de directores generales, el Ministerio, dirigido por Óscar Puente, se vio obligado a retirar este punto al encontrarse con un rechazo unánime a la imposición unilateral del borrador presentado.

Laura Paredes, directora general de Transportes y Logística de Castilla y León, quien participó en la reunión, señaló que “el Mapa Concesional, elaborado en 2022, supone un ataque directo al medio rural, al eliminar servicios básicos en nuestra comunidad, afectando gravemente a la cohesión y vertebración territorial.” Paredes criticó que, aunque el Ministerio defiende que la reorganización optimiza rutas, esta optimización se logra a costa de suprimir numerosas paradas, un modelo injusto similar al que se está aplicando en el transporte ferroviario regional.

Además, la propuesta del Gobierno central de financiar con 40 millones de euros las rutas transferidas a las comunidades autónomas se considera insuficiente, ya que Castilla y León necesitaría alrededor de 25 millones para asumir estas responsabilidades, según estudios que cifran en 123 millones el coste total para todo el país. También advirtió que esta financiación sería solo temporal, sin garantía de continuidad.

Impulso a la gestión eficiente de fondos europeos

Durante la reunión, Laura Paredes solicitó al Ministerio la posibilidad de que los remanentes de subvenciones no ejecutadas puedan ser destinados a proyectos propios de Castilla y León, en línea con el Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. Estos remanentes, procedentes de renuncias o falta de solicitudes, podrían ser aprovechados para avanzar en la digitalización y modernización del transporte en la comunidad.

Asimismo, la Junta pidió la ampliación de los plazos de ejecución para proyectos de digitalización del transporte, como los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), debido a la complejidad técnica que enfrentan las empresas adjudicatarias, pese a que la administración autonómica ha cumplido rigurosamente con los tiempos establecidos.