La Junta reclama al Gobierno más diálogo y financiación para garantizar la movilidad en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha defendido en la Conferencia Sectorial de Transportes la necesidad de que el Gobierno de España recupere el diálogo institucional con las comunidades autónomas y adopte las decisiones en materia de movilidad desde el consenso y la cooperación. La reunión, que no se celebraba desde hacía casi cuatro años, estuvo marcada además por la ausencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que no presidió el encuentro por motivos de agenda.

Durante su intervención, la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó tanto la ausencia del ministro como el incumplimiento del reglamento que establece que este órgano debe reunirse cada seis meses. Aun así, reiteró la disposición de la Junta a seguir colaborando desde la lealtad institucional.

Entre las principales reivindicaciones, Castilla y León reclamó una financiación suficiente para el transporte público, argumentando que la comunidad soporta mayores costes debido a su gran extensión territorial, la dispersión de la población y la necesidad de mantener servicios en el medio rural.

La consejera también pidió acelerar las infraestructuras estratégicas pendientes, mejorar las frecuencias y conexiones ferroviarias y reclamó mayor información sobre el Plan Director del Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León, cuyos detalles, según denunció, siguen sin conocerse.

En relación con el Plan Social para el Clima, la Junta defendió que el reparto de los fondos no se base únicamente en la población, sino que tenga en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión de los habitantes, el número de servicios prestados, los kilómetros recorridos y la falta de alternativas de movilidad en las zonas rurales. Además, solicitó que se reconozca el esfuerzo de las comunidades que ya han implantado sistemas de transporte a la demanda y que las ayudas para la renovación de flotas puedan llegar a todas las empresas del sector.

Respecto al desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible, el Ejecutivo autonómico mostró su apoyo a avanzar hacia un modelo más sostenible, aunque rechazó que se impongan soluciones pensadas para grandes ciudades sin tener en cuenta la realidad del medio rural. En este sentido, insistió en que cualquier nueva obligación para las comunidades debe ir acompañada de la financiación necesaria.

La Junta también expresó su preocupación por el nuevo mapa concesional del transporte regular por carretera, al considerar que se ha elaborado sin la suficiente coordinación con las comunidades autónomas. Por ello, ha presentado alegaciones para defender el mantenimiento de las conexiones actuales y reclamar mayor transparencia sobre los criterios utilizados.

Por último, el Gobierno autonómico pidió al Ministerio información detallada sobre el futuro Abono Único, al considerar que existen dudas sobre su compatibilidad con los sistemas tecnológicos que desarrolla la Comunidad y con BUSCYL, el modelo de transporte gratuito implantado en Castilla y León. La Junta considera esencial evitar problemas de interoperabilidad y posibles perjuicios para los usuarios.

El Ejecutivo autonómico confía en que esta Conferencia Sectorial marque el inicio de una nueva etapa de cooperación entre administraciones, al entender que la movilidad es un servicio esencial que debe gestionarse desde el diálogo y el consenso.