La Diputación de Burgos ha presentado los resultados de la primera fase del programa de Vivienda de Alquiler Rural (VAR), una iniciativa que busca movilizar inmuebles vacíos o infrautilizados en los pueblos de la provincia para destinarlos al alquiler. El diagnóstico, elaborado junto a la Cámara de la Propiedad y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, ha permitido identificar 206 inmuebles con potencial de ser alquilados, de los cuales 126 pertenecen a particulares y 80 son de titularidad pública.
Según detalló el presidente de la Diputación, Borja Suárez, el análisis ha servido para conocer el estado real del parque de vivienda rural y sentar las bases de futuras intervenciones. “Queremos aprovechar este trabajo para marcar los siguientes pasos y convertir estas viviendas en una oportunidad real para quienes buscan vivir en el medio rural”, apuntó.
De los inmuebles inventariados, 28 se encuentran en buen estado y podrían destinarse al alquiler de forma inmediata, 40 necesitan pequeñas reparaciones y 138 requieren rehabilitaciones de mayor envergadura. De las viviendas localizadas durante este tiempo, en Las Merindades se encuentran 34, una de las cifras más altas de la provincia de Burgos. En el caso de La Bureba, la cifra es menor: se han localizado 26.
Para definir la hoja de ruta a seguir, la Diputación organizará el 10 de octubre una jornada técnica con expertos y profesionales del sector, donde se estudiarán posibles líneas de ayuda, incentivos a la rehabilitación y fórmulas de protección a propietarios frente a impagos o desperfectos.
El presidente provincial destacó que la falta de confianza de los propietarios sigue siendo uno de los principales obstáculos para ampliar la oferta de vivienda en los pueblos. “Queremos que vean que alquilar su vivienda es seguro, rentable y beneficioso para el desarrollo local”, subrayó Suárez, quien recordó que esta medida forma parte de la estrategia provincial contra la despoblación, junto a otros proyectos como el nuevo servicio de comida a domicilio en el medio rural que la Diputación pondrá en marcha en 2026.
En el marco del programa, el Colegio de Aparejadores inspecciona actualmente 30 inmuebles públicos para determinar el coste de las obras necesarias. Las inversiones previstas oscilan entre 0 y 110.000 euros, con un incremento del 30% adicional por licencias y tasas. El informe contempla también mejoras en eficiencia energética, con una inversión media de 8.000 euros amortizables en cinco años.
De acuerdo con las estimaciones, el 38% de las viviendas podría estar lista en menos de seis meses, el 46% en un plazo de entre seis y doce meses, y el 16% restante necesitaría más de dieciocho meses para ser habitable.
Además, la Cámara de la Propiedad ha contactado ya con 70 propietarios de viviendas privadas para ofrecerles asesoramiento y fomentar la confianza en el alquiler. Con este programa, la Diputación busca no solo recuperar viviendas vacías, sino también impulsar la economía local, atraer nuevos residentes y garantizar la sostenibilidad del medio rural burgalés.
