Una jueza del juzgado de primera instancia en Briviesca ha emitido una sentencia favorable al desalojo de las ocho exreligiosas que aún residían en el Monasterio de Santa María la Real de Belorado, en Burgos. Las afectadas forman parte del grupo cismático que se separó de la Iglesia Católica y cuya ocupación del convento ha sido considerada sin título legal.
El fallo judicial estima los argumentos presentados por la representación legal del comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien promovió la demanda bajo la figura del desahucio por precario, un procedimiento utilizado para recuperar propiedades ocupadas sin contrato válido o autorización.
Por su parte, la defensa de las exmonjas, encabezada por el abogado Florentino Aláez, intentó introducir en el alegato final una discusión sobre la autoridad eclesiástica del arzobispo y la transición entre la jurisdicción canónica y la civil. Sin embargo, la jueza desestimó esta línea de defensa, concluyendo que el grupo carece de respaldo legal para permanecer en el inmueble.
Este dictamen representa un paso más en el conflicto entre la Iglesia y el grupo disidente que ocupa el convento desde su ruptura con la jerarquía eclesiástica.
