La Junta refuerza la formación en ciberseguridad con un acuerdo con una empresa líder del sector

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en su estrategia de impulso a la ciberseguridad y las competencias digitales con la firma de un acuerdo entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la compañía Fortinet, referente internacional en seguridad digital. El objetivo es mejorar la preparación de ciudadanos y empleados públicos frente a los riesgos del entorno online.

El acuerdo se desarrollará a través del programa CyL Digital y permitirá poner en marcha acciones formativas prácticas y accesibles, orientadas a que la población pueda navegar por Internet con mayor seguridad y protegerse frente a amenazas como fraudes, estafas o suplantaciones de identidad. Estas acciones también estarán dirigidas a los formadores de los espacios CyL Digital, reforzando así el alcance del programa.

Durante la firma del protocolo, el consejero José Luis Sanz Merino destacó que la ciberseguridad forma ya parte de la vida diaria y subrayó la necesidad de dotar a la ciudadanía de herramientas sencillas y comprensibles para un uso seguro de los servicios digitales. En este sentido, remarcó que la transformación digital solo es efectiva si se apoya en confianza y protección.

El acuerdo contempla la organización de charlas, cursos presenciales, seminarios online y campañas de sensibilización, con especial atención a personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión digital. Las actividades se desarrollarán principalmente en los Espacios CyL Digital y en otros centros colaboradores del programa.

Además, el protocolo incluye formación específica para empleados públicos de la Administración autonómica, con posibilidad de ampliarse a personal de entidades locales, con el fin de mejorar la resiliencia de las organizaciones y fomentar buenas prácticas en el uso de los recursos tecnológicos.

Este nuevo acuerdo se suma a las iniciativas que la Junta viene desarrollando en materia de capacitación digital y ciberseguridad. Tendrá una vigencia inicial de dos años, con opción de prórroga, y contará con una comisión de seguimiento encargada de coordinar y evaluar las actuaciones previstas.