La Plataforma en Defensa de Las Merindades se opone al Real Decreto Ley que exime de la evaluación ambiental a los proyectos de renovables en zonas no protegidas.

En el último Consejo de Ministros del año, y en medio de un profuso decreto de medidas anticrisis, el Gobierno central aprobó la flexibilización de las exigencias ambientales para la instalación de plantas de energía renovable. Tras el acuerdo de la Unión Europea para agilizar el desarrollo de estas instalaciones verdes ante la crisis energética por la guerra de Ucrania, España da luz verde a la implantación de cualquier proyecto, independientemente de su tamaño y potencia, sin la tradicional evaluación de impacto ambiental.

Será, eso sí, con carácter temporal, hasta finales de 2024, y solo para los nuevos proyectos. Y sobre todo, seguirán necesitando el informe ambiental los que se vayan a ubicar en zonas de especial protección. En concreto, se mantendrá el estricto control sobre las plantas diseñadas dentro de la Red Natura 2000, en los espacios restringidos por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o en el medio marino.

Además, también requerirán evaluación ambiental las líneas aéreas de alta tensión con una longitud superior a 15 kilómetros. En cambio, el tamaño de la planta deja de ser un criterio de exclusión. Hasta ahora, a través de un decreto del mes de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica eximía de este informe previo a los proyecto eólicos con una potencia igual o inferior a 75 megavatios, o 150 en el caso de los solares. Con el acuerdo de esta semana, la excepción se abre a cualquier potencia.

Por otro lado, aunque con el mismo objetivo de agilizar la tramitación de proyectos y «reducir la dependencia energética», el Ministerio declara «de urgencia por razones de interés público» la implantación de renovables.

En cambio, cerca de 400 entidades de todas las comunidades autónoma, vinculadas a los territorios afectados, asociaciones ecologistas y ayuntamientos han mostrado ya su oposición en un documento conjunto publicado en macrorenovablesNo.org. Representantes de las entidades ciudadanas y ecologistas acudirán al Congreso a entregar este documento a los diputados, y a manifestar su oposición a un modelo que pone en peligro su modo de Vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.

Este movimiento lucha por la justicia climática, u apoya una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo. Advierten que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición en la actualidad favorece a las promotoras, anula a la ciudadanía, promueve la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad.

La Plataforma vecinal en Defensa de Las Merindades también ha pedido a la Junta de Castilla y León la creación de un mapa topográfico de los lugares donde ya se encuentran instalados parques eólicos para poder observar el impacto medioambiental que estos tienen.