La Junta y las organizaciones agrarias se unen para defender un presupuesto sólido y justo en la PAC que priorice al agricultor profesional

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha expresado su rechazo a la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea, calificando de “inadmisible” el recorte presupuestario previsto.

Durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León, González Corral destacó que la reforma propuesta supone un cambio radical en el marco vigente, al poner en riesgo la autonomía y solidez de la PAC. En este sentido, recordó la “hoja de ruta” acordada en mayo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y la Unión de Cooperativas Urcacyl, que defiende un presupuesto robusto, el apoyo a la agricultura profesional, la incorporación de jóvenes, precios justos, mayor simplificación y la inversión estratégica en regadíos.

La consejera anunció la creación de un grupo de trabajo conjunto entre la Consejería y las organizaciones agrarias, que han mostrado un apoyo unánime para formar un frente común que defienda las prioridades de Castilla y León. Asimismo, subrayó el compromiso de la Junta, respaldado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, de trabajar junto a las OPAS para lograr una posición firme en defensa de una PAC justa.

Entre las principales preocupaciones está el recorte, estimado entre un 20 y 30 %, en los fondos europeos destinados a la PAC, así como la unificación de los actuales fondos FEAGA y FEADER en un único fondo multisectorial. Esta medida, según la consejera, supone la pérdida de autonomía y relevancia estratégica de la PAC, que quedaría subordinada a los planes nacionales de cada Estado miembro, fomentando desigualdades y competencia desleal entre agricultores europeos.

Además, González Corral alertó sobre el impacto negativo del nuevo sistema de ayudas para los agricultores profesionales de la región, debido a la introducción de la degresividad a partir de los 20.000 euros y un límite máximo por beneficiario, lo que va en contra del modelo agrario de Castilla y León. También expresó su preocupación por el retroceso en políticas de desarrollo rural, especialmente en el apoyo a jóvenes y regadíos, ya que desaparece el fondo específico y se pierde prioridad presupuestaria.

Finalmente, la Consejería ha solicitado junto a otras comunidades autónomas la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar la propuesta con detalle. Además, Castilla y León aprovechará su presencia en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea para buscar apoyos y promover modificaciones a una propuesta que, en su forma actual, consideran contraria al modelo profesional que representa la región.