Las estafas están a la orden del día y es que la Guardia Civil ha detenido en Burgos a dos personas, de 59 y 68 años, como presuntas autoras de un delito de estafa de más de 1,5 millones de euros con un falso seguro de vida. Hay siete víctimas identificadas, pero la investigación de la denominada operación ‘Prestabur’ sigue abierta y se sospecha que hay más perjudicados.
La investigación se inició en junio de 2025, a raíz de la denuncia de una mujer que narró haber sufrido la usurpación de su identidad, utilizada para contratar servicios de telefonía móvil y suministros eléctricos de una vivienda, todo ello sin su conocimiento ni consentimiento, lo que generó un importante débito económico.
Las primeras pesquisas policiales verificaron su relato y también afloró que había sido engañada por la misma persona, al defraudarle a ella y a su hermano 210.000 euros. Esta cuantía provenía de un préstamo, como favor y adelanto al resarcimiento tras el fallecimiento de un familiar de la embaucadora.
El estudio de varias cuentas bancarias y el cotejo de movimientos e ingresos permitieron identificar a otras víctimas y poner bajo sospecha a una mujer y a su pareja que, en connivencia, habrían ideado un plan con la finalidad de engañar a amistades y a su entorno familiar, ingeniándoselas para generar una historia “creíble”.
Con indicios suficientes de delito, se practicó un registro domiciliario bajo mandamiento judicial en la vivienda habitual en Burgos de los dos investigados, que fueron detenidos.
El registro culminó con la localización e intervención de dos terminales móviles e importante documentación. Un primer y somero análisis de esta ha favorecido la localización de una víctima más, conformando las siete identificadas hasta el momento.
La protagonista, en complicidad con su pareja, fingía ser la beneficiaria de un significativo capital, que oscilaba entre los 700.000 y los 900.000 euros, siendo este el “gancho”, resultante de una póliza de seguros tras el fallecimiento de su marido.
El capital era tan llamativo que las víctimas, ajenas a la realidad, no dudaban en prestar el dinero convenido, como adelanto y requisito indispensable para hacer efectivo el cobro de la indemnización, bajo la falsa promesa de su devolución y de una suculenta recompensa como gratificación.
Bajo este método, empleado ya en 2018, consiguieron importantes partidas de dinero, siendo el montante total defraudado a las siete víctimas detectadas hasta el momento superior a 1.511.000 euros.
