El Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y reforzar especialmente su impacto en el medio rural y los municipios con riesgo de despoblación.
El programa busca incrementar el parque de vivienda pública y asequible, mejorar las condiciones de habitabilidad y facilitar el acceso a colectivos con mayores dificultades. Entre sus prioridades destaca revitalizar las zonas rurales, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave para fijar población y atraer nuevos habitantes.
Uno de los ejes del plan es movilizar viviendas vacías y fomentar la rehabilitación, con ayudas específicas que aumentan cuando las actuaciones se realizan en entornos rurales. En este sentido, las subvenciones para rehabilitar inmuebles que lleven más de dos años desocupados pueden alcanzar los 35.000 euros en municipios rurales, siempre que se destinen posteriormente a alquiler asequible.
Además, el plan contempla incentivos para la construcción de vivienda protegida en localidades de menos de 10.000 habitantes, donde, a diferencia de las ciudades, estas viviendas también podrán destinarse a la venta, manteniendo su carácter protegido para evitar la especulación.
El Ejecutivo también pone el foco en los jóvenes como pieza clave para el futuro del territorio. Se establecen ayudas de hasta 15.000 euros para la compra de vivienda en pequeños municipios, que pueden llegar a 20.000 euros en zonas afectadas por despoblación, con el objetivo de facilitar el arraigo y favorecer el relevo generacional en el medio rural.
En paralelo, se refuerzan las ayudas al alquiler, con aportaciones mensuales para jóvenes y personas con menos recursos, así como medidas específicas de protección para colectivos vulnerables.
El plan destina una parte importante de la inversión a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, apostando por la recuperación del parque ya existente frente a la expansión urbanística. Esta línea resulta especialmente relevante en el entorno rural, donde gran parte de las viviendas necesitan adaptación y modernización.
En términos de financiación, el programa se basa en un modelo de corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas, que aportarán el 40% de los fondos, lo que permitirá adaptar las medidas a las necesidades de cada territorio.
