ENRESA adjudica la instalación de una planta solar en Garoña por cerca de 59.000 euros
El proyecto fotovoltaico de 22 kWp, clave en el proceso de desmantelamiento, se ejecutará en menos de 100 días tras recibir seis ofertas
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ha adjudicado el contrato para la ejecución de una instalación solar fotovoltaica de 22 kWp en la Central Nuclear Santa María de Garoña, en el marco de los trabajos asociados a su desmantelamiento.
El contrato, correspondiente al expediente CO-TA-25-018, fue licitado mediante procedimiento abierto simplificado y finalmente adjudicado el pasado 27 de abril de 2026 a la empresa TEICAN Medioambiental, S.L., una pyme cántabra. La adjudicación se ha cerrado por un importe de 58.756,56 euros (IVA incluido), muy por debajo del presupuesto base de licitación, que ascendía a 94.809,68 euros.
El proyecto contempla la instalación de una planta fotovoltaica anexa al Almacén de Grandes Piezas Desclasificables y su edificio asociado, incluyendo tanto la obra civil necesaria como el montaje de estructuras, paneles solares, inversores y sistemas eléctricos auxiliares. Todo ello se desarrollará conforme al proyecto técnico aprobado por ENRESA en diciembre de 2025.
El plazo de ejecución previsto es de 98 días, y la actuación se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones de la central burgalesa.
En total, el proceso de licitación ha recibido seis ofertas, de las cuales cinco procedían de pequeñas y medianas empresas, lo que refleja una alta participación del tejido empresarial especializado. La adjudicación se ha basado en la mejor relación calidad-precio, con un peso del 85% para la oferta económica y del 15% para criterios técnicos.
Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en el proceso de clausura de la central, incorporando generación renovable en un entorno históricamente vinculado a la energía nuclear.
Además, el procedimiento ha incluido requisitos estrictos para garantizar la solvencia técnica y económica de los licitadores, así como el cumplimiento de la normativa en materia laboral, ambiental y de transparencia, en línea con la legislación vigente en contratación pública.
