Los ayuntamientos de la provincia de Burgos participaron ayer en una jornada formativa telemática impulsada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, con el objetivo de reforzar el uso correcto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mejorar la eficacia de las actuaciones financiadas.
La sesión fue inaugurada por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, quien subrayó la importancia de las entidades locales en la lucha contra la violencia machista. “Los ayuntamientos sois la primera línea de actuación”, destacó, poniendo en valor su cercanía con la realidad de cada municipio.
Durante la jornada se trasladaron a los consistorios criterios claros sobre el destino de los fondos, que deben emplearse exclusivamente en actuaciones de prevención, sensibilización, protección de las víctimas y erradicación de la violencia de género. Desde la organización se insistió en que estas cuantías no podían destinarse a fines ajenos, como actividades lúdicas o gastos no vinculados a esta lucha.
El encuentro también sirvió para presentar al nuevo jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Burgos, Álvaro Pérez Yela, subinspector de la Policía Nacional con una amplia trayectoria profesional en unidades especializadas en investigación y protección de víctimas de violencia de género.
Desde 2018, la provincia de Burgos ha gestionado más de 5 millones de euros (5.060.659 euros) en el marco del Pacto de Estado. Solo en 2025, los municipios han administrado cerca de 840.000 euros, destinados a programas de atención y prevención.
El subdelegado recordó además que el Pacto de Estado renovado en 2025 incluye 461 medidas, de las cuales 144 afectaban directamente a las entidades locales, lo que reforzó su papel en la aplicación de políticas públicas contra la violencia de género.
La jornada se enmarcó en el programa formativo impulsado por el Ministerio de Igualdad, cuyo objetivo fue mejorar la capacitación de los ayuntamientos y garantizar que los fondos se tradujeran en actuaciones con el máximo impacto en la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia machista.
