Pueblos Olvidados de Burgos denuncia la exclusión de las pedanías de los Planes de Empleo de la Junta
La asociación reclama que las casi 2.300 entidades locales menores de Castilla y León puedan acceder al PLANIEL y cuestiona los argumentos utilizados por la Administración autonómica

La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos ha denunciado la exclusión, un año más, de las pedanías y entidades locales menores de Castilla y León de los Planes de Empleo de la Junta, en concreto del PLANIEL 2026, destinado a la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social.
El presidente de la asociación, Ismael Alonso Arnaiz, abordó esta situación en una rueda de prensa celebrada este viernes, 11 de septiembre, después de que la entidad presentara el pasado 14 de agosto un escrito ante la Junta denunciando la exclusión de las casi 2.300 pedanías de la comunidad.
La asociación ha recibido una respuesta del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, en la que se justifica que estos programas sean gestionados exclusivamente por los ayuntamientos por cuestiones relacionadas con el marco legal y competencial y con criterios de eficacia, eficiencia y capacidad administrativa.
Ismael Alonso Arnaiz ha calificado la respuesta de la Junta como una «torpeza política total» y ha criticado que se atribuya a las entidades locales menores una falta de capacidad administrativa y de criterios de eficacia y eficiencia para desarrollar estos programas.
Desde Pueblos Olvidados de Burgos defienden que estos planes son especialmente necesarios para el mantenimiento de los pueblos y la prevención de incendios, debido a la existencia de solares, caminos y zonas de monte con vegetación seca. En este sentido, el presidente reclama que, si las pedanías no pueden acceder directamente a los planes de empleo, se habiliten alternativas: «Que nos den un plan de empleo de tres meses o, si no, pongan brigadas forestales para estos pueblos».
La asociación también cuestiona que las bases de las convocatorias no obliguen expresamente a los ayuntamientos a prestar estos servicios en sus pedanías, lo que, según denuncia, puede generar conflictos entre pueblos, ayuntamientos y vecinos.










