Más de 6.000 vecinos se beneficiarán de unas obras que mejorarán la depuración del agua en pequeños municipios de Castilla y León
Las obras, financiadas por la Junta, diputaciones y ayuntamientos, mejorarán el tratamiento de aguas residuales en pequeños municipios y beneficiarán a más de 6.000 personas.
La Junta de Castilla y León ha anunciado una inversión de 4,5 millones de euros para construir y poner en marcha nuevas depuradoras en las provincias de Burgos y Soria. El proyecto, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio junto a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), forma parte de los programas de saneamiento 0–500 y 500–2.000 habitantes equivalentes, orientados a mejorar la gestión de aguas residuales en zonas rurales.
El plan beneficiará a más de 6.000 habitantes, con un reparto que deja 4.889 en Burgos y 1.310 en Soria. La inversión será asumida de forma conjunta entre la Junta (40 %), las diputaciones provinciales (40 %) y los ayuntamientos (20 %), y contempla un plazo de ejecución de dos años. Tras la finalización de las obras, SOMACYL se encargará del mantenimiento y explotación de las instalaciones durante los próximos 25 años, garantizando así su funcionamiento a largo plazo.
En la provincia de Burgos se concentrará la mayor parte de los fondos, con 3,8 millones de euros destinados a la construcción de depuradoras en municipios como Barbadillo del Mercado, Cavia, Gumiel de Izán, Quemada, Quintana del Pidio, San Juan del Monte, Villasandino y Zazuar. Estos sistemas están diseñados bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, adaptándose a las necesidades de poblaciones pequeñas y reduciendo los costes de operación.
Además de las nuevas obras, la Junta mantiene su compromiso con la mejora del abastecimiento y la digitalización de las redes hidráulicas en la provincia, donde se desarrollan actualmente otros proyectos que buscan modernizar las infraestructuras y ofrecer soluciones definitivas a los problemas de saneamiento en el medio rural. Con este impulso, Castilla y León refuerza su apuesta por una gestión del agua más sostenible y responsable, esencial para el futuro de sus municipios.
